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sábado, 15 de febrero de 2014

¡EL REFUGIO NO ESTÁ!

En AGOSTO del año 2011, por unanimidad se vota afirmativamente en sesión del HCD (Honorable Concejo Deliberante) de Río Gallegos por la creación del REFUGIO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA en la ciudad de Río Gallegos....PASARON DOS AÑOS Y SEIS MESES Y SEGUIMOS ESPERANDO....





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sábado, 8 de febrero de 2014

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sábado, 18 de enero de 2014

miércoles, 18 de diciembre de 2013

LAS CONDENAS QUE LLEGARON UN AÑO DESPUÉS

El máximo tribunal provincial revocó la sentencia por la que en diciembre del año pasado fueron absueltos los trece acusados por la desaparición de Marita. “Era su obligación hacerlo”, dijo Susana Trimarco. Cristina Kirchner la llamó para felicitarla.

Micaela, la hija de Marita Verón, en un homenaje a su mamá, después del fallo escandaloso del año pasado.
Imagen: Adrián Perez

Un año y seis días después del fallo que absolvió a los trece acusados por la desaparición de Marita Verón, la Corte Suprema de Tucumán revocó la sentencia y consideró que hay pruebas “contundentes” para declarar culpables a diez de esos imputados, pero no para sostener lo mismo contra los dos restantes, los hermanos María Jesús y Víctor Angel Rivero, sobre quienes pesa “una sospecha, desprovista de la certeza necesaria”. En el caso de la decimotercera acusada, Lidia Irma Medina (“mamá Lili”), la acción penal se extinguió con su muerte, sucedida en febrero de este año. La resolución de la Corte, que revalora las palabras de las testigos-víctimas de la red de trata y esclavitud, dispone que un tribunal penal provincial estipule condenas para cada uno de los sentenciados, algo que podría suceder recién en 2014, una vez pasada la feria judicial y la audiencia estipulada por ley. Pasado el mediodía, cuando fue dado a conocer el fallo, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, consideró que la resolución es “un paso importante”, aunque “dejaron dos delincuentes fuera”. “Yo no le voy a agradecer a la Justicia que haya hecho esto, porque es su obligación, darnos una respuesta a las madres y los padres que no tenemos a nuestros hijos.” Por la tarde, mientras hacía la valija para viajar a Buenos Aires por compromisos previos, Trimarco recibió el llamado telefónico de la presidenta Cristina Fernández. La mandataria la felicitó, le pidió que felicitara a sus abogados y dijo haberse alegrado con la noticia. Abogados de Trimarco adelantaron a este diario que podrían pedir la detención inmediata de los condenados, para evitar su fuga y garantizar la seguridad de la madre de Marita Verón y también de su hija ya adolescente, Micaela.

La decisión de los magistrados de la Corte Suprema provincial de Tucumán, Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Beatriz Sbdar, fue unánime. El fallo es fuertemente crítico de lo que el 11 de diciembre del año pasado resolvieron los jueces de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, a quienes la Corte adjudica haber valorado las pruebas “de un modo arbitrario, irrazonable y descontextualizado, exhibiendo una fundamentación meramente aparente” porque incurre en contradicciones lógicas. La sentencia absolutoria de 2012, señala la Corte, brilla por “la ausencia de una esencial perspectiva de género” al considerar las pruebas, que tampoco fueron evaluadas considerando el contexto de una red de trata de personas para explotación sexual cuya existencia la misma Sala II consideró acreditada. Para la Corte, Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano firmaron una sentencia que no busca vincular los indicios, las pruebas y los testimonios, sino que “por el contrario, segmenta y fracciona sus dichos (de los testigos) de modo de encontrar supuestas contradicciones a fin de restar valor a las declaraciones”. “Es evidente que la Cámara adoptó un mecanismo de valoración de la prueba que importó la selección de ciertos aspectos de las declaraciones testimoniales que, analizados aisladamente, condujeron a una solución con severos visos de arbitrariedad”, señaló la Corte.

A diferencia de lo que sostuvo la Cámara el año pasado, la Corte dio por “plenamente demostrado” que Marita desapareció el 3 de abril de 2002, que fue retenida y ocultada “en casas pertenecientes a Daniel Milhein y Andrés Alejandro González”. También “se probó la presencia contra su voluntad” en los prostíbulos El Desafío. Candy y Candilejas, de La Rioja, donde “fue retenida, ocultada y obligada a ejercer la prostitución en el marco de una organización dedicada a tales fines, sin poder determinar a ciencia cierta qué ocurrió luego con la hija de Susana Trimarco y Daniel Horacio Verón”.

A lo largo de 178 páginas, la Corte determinó que los indicios, pero sobre todo los testimonios de las mujeres que sobrevivieron a la red de trata y explotación sexual y lograron contarlo en el juicio del año pasado, son una prueba de peso “abrumador”. Por eso, el fallo señala que “no quedan dudas” de que los mellizos José “Chenga” y Gonzalo “Chenguita” Gómez, y Daniela Milhein y su entonces marido Alejandro Andrés González fueron coautores de “la retención y ocultamiento agravado (art. 142, inc. 1º, del Código Penal) para el ejercicio de la prostitución (art. 126 del C. Penal) en concurso ideal (art. 54 del C. Penal) en perjuicio de María de los Angeles Verón”. En cuanto a los restantes acusados, la Corte resolvió que Carlos Alberto Luna, Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Juan Humberto Derobertis, Mariana Natalia Bustos y Domingo Pascual Andrada fueron partícipes necesarios para que el secuestro, la privación ilegítima de la libertad y la explotación sexual de Marita Verón fuera posible.

En el caso del ex policía Andrada, la Corte es doblemente lapidaria: no sólo señala que los jueces de la Cámara Penal cambiaron la acusación por la que era juzgado y no explicaron por qué lo absolvieron. Andrada había sido acusado de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución, pero “la sentencia parece juzgar sólo si (...) trasladó a María de los Angeles Verón desde Tucumán a La Rioja, lo que constituye una alteración del marco fáctico de la acusación” y “afecta la validez” de la sentencia. Por otra parte, la Corte reparó particularmente en este acusado, por la gravedad de que se tratara de un policía y formara parte de la red dedicada a la trata de personas y explotación sexual. Está probado “en forma incontrastable” que, en esa red, el entonces policía Andrada “trabajaba como ‘empleado’/ informante de los dueños” de los prostíbulos y que “conocía de la búsqueda de la hija de Susana Trimarco”, por lo que “resulta evidente” que tuvo “un papel relevante en la retención y el ocultamiento” de Marita. El máximo tribunal reiteradamente señala que la trata “no puede desarrollarse sin la cooperación o complicidad de algún sector de la policía”.

Las únicas diferencias entre los votos de los jueces del máximo tribunal tucumano fueron los detalles a la hora de explicar las absoluciones de los hermanos Rivero, algo en lo que se explayó Estofán, y la conformación de un profuso compendio de antecedentes históricos, de jurisprudencia nacional e instrumentos internacionales a considerar en casos que involucran trata de personas y explotación sexual, en el voto de Sbdar. Las penas a los ahora condenados deberán ser impuestas por una Sala de la Cámara Penal tucumana, que podría ser designada al terminar la feria judicial de enero, porque entre esta semana y el 31 de diciembre restan sólo cinco días hábiles para los tribunales.

De los jueces que dictaron el fallo revocado por la Corte, sólo uno, Eduardo Antonio Romero Lascano, continúa en actividad y aguarda la resolución de la comisión de juicio político para enfrentar un posible jury de enjuiciamiento por la tramitación del debate oral en el caso Verón. Los otros dos, Piedrabuena y Herrera Molina, tras meses de pelea judicial con el Ejecutivo provincial, que se negaba a aceptar los alejamientos, lograron presentar sus renuncias para jubilarse.

FUENTE. PÁGINA 12 - Por Soledad Vallejos

domingo, 15 de diciembre de 2013

EL JUEZ QUE ABUSABA DE SUS NIETAS DESPUÉS DE IR A MISA


Los abusos se cometieron durante siete años en la casona del magistrado jubilado, en Vicente López. Fue condenado a ocho años de prisión, que cumple en esa misma casa, y ahora las tres víctimas reclaman una indemnización.


Una mansión de tres plantas sobre la calle Gaspar Campos, en Vicente López, fue el siniestro escenario de los reiterados abusos sexuales perpetrados por un ex camarista civil sobre tres de sus nietas, desde que eran niñas hasta su adolescencia. Cada domingo, cuando recibía a su numerosa familia para el tradicional almuerzo –después de haber ido todos a misa–, el abuelo, Félix Romeo de Igarzabal, aprovechaba para estar a solas con cada una de ellas, en alguna habitación, para abusarlas y envolverlas en un oscuro pacto de silencio. “Esto es un secreto entre nosotros dos hasta que me muera”, les decía cada vez que las abusaba. De lunes a viernes, hasta hacía algunos años ocupaba uno de los despachos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, custodiado por un crucifijo. Ultracatólico, integrante de una conocida y acaudalada familia judicial de San Isidro, De Igarzabal fue condenado a ocho años de prisión por aquellos hechos que se prolongaron durante siete años y dejaron heridas todavía abiertas en las vidas y en las almas de sus nietas. Por su edad –tiene 92 años y ya está jubilado como magistrado– cumple la pena en la misma casa donde cometió los aberrantes delitos. La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de San Isidro, en un juicio abreviado. Sus nietas reclaman ahora una indemnización por daño psicológico y moral, en una causa que tramita en el Juzgado Civil N° 1. Pero el abuelo se resiste a allanarles el camino con el argumento de que el delito prescribió. La demanda enfrentó a las nietas con el resto de su familia –uno de sus tíos es juez y otro secretario en el fuero civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– porque temen perder parte de la herencia que esperan recibir cuando De Igarzabal se muera.

El caso refleja dos características del abuso sexual infantil: que en la mayoría de los casos los victimarios son personas del círculo íntimo de las víctimas, y que es un delito que atraviesa todos los sectores sociales, y ocurre también en “las mejores familias”. Y puede ser cometido por hombres supuestamente honorables para la sociedad, como un camarista del fuero civil.


De Igarzabal fue condenado –por unanimidad de los tres integrantes del tribunal– por los delitos de “abuso deshonesto agravado por el vínculo reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso real entre sí”, por hechos cometidos entre los meses de mayo de 1999 y enero de 2006, contra las tres nietas. El veredicto fue dictado el 26 de septiembre de 2012 por los jueces Hernán San Martín, Osvaldo Rossi y Federico Ecke, pero recién trasciende ahora. “Cuando salió la condena yo sentí que rompí cadena. Hasta ese momento sentía que caminaba encadenada”, graficó una de las víctimas.

Las chicas ya son jóvenes y tienen actualmente 20, 24 y 26 años. Los abusos los sufrieron en la mansión de “Veco”, como le dicen en la familia al ex camarista, una casa de tres plantas, amplio jardín arbolado, pileta y dos quinchos, ubicada en Gaspar Campos 468, en la zona más residencial de Vicente López. Allí crecieron la madre de las tres víctimas y sus nueve hermanos. De Igarzabal y su esposa Lita tuvieron diez hijos. Y cada uno de ellos, entre seis y diez hijos. El dormitorio del abuelo y el sótano de la mansión fueron algunos de los sitios donde perpetró los abusos contra sus nietas, según contaron las jóvenes. A una de ellas se la llevaba siempre a su dormitorio, en el primer piso, después de cada almuerzo dominical, con la excusa de buscar caramelos para repartir entre los presentes. Era un ritual. La niña se resistía, porque sabía lo que vendría después: los abusos y la exigencia de silencio. Sus propios padres, y el resto de la gran familia que disfrutaba de la sobremesa, esperaban que fuera para recibir luego los dulces.

Un ángel

Las tres hermanas detestaban lo que les hacía “Veco”. Como suele pasarles a chicos y chicas que viven situaciones semejantes, se preguntaban si sería normal ese tipo de actitudes de parte de su abuelo. Dos de ellas recuerdan que se dieron cuenta de que estaban sufriendo abusos sexuales leyendo un artículo sobre el tema en el diario, ya adolescentes. Pero ninguna de las tres sabía que “Veco” tenía la misma conducta con las demás. El pacto de silencio que les imponía surtía efecto. Hasta que una de las tres, la menor, en su pubertad, un día estalló en llanto y contó sus sufrimientos a una de sus hermanas. Y así, poco a poco las tres fueron hablando, contando sobre aquellos horrores. El apoyo de amigas y de sus novios de la adolescencia –que les reafirmaban que lo que su abuelo les había hecho estaba mal–, las ayudó a pedir ayuda terapéutica para poder salir adelante, en un contexto familiar que prefirió acallar los abusos sexuales perpetrados por el patriarca de la familia.

Al enterarse, hasta la madre de las chicas –hija de “Veco”– y su padre les plantearon que tenían que perdonar a su abuelo. Recién en el último tiempo las han acompañando en su pelea judicial.

Con el tiempo, las tres hermanas se fueron dando cuenta de que los abusos incluso eran más extendidos: otras integrantes de la familia les fueron contando que también habían sufrido los mismos abusos. En lugar de cortar lazos con “Veco”, el resto de la familia eligió el camino del perdón por aquellos sucesos, el mismo camino que algunos tíos pretendieron que ellas siguieran. Y las mandaron a hablar con “curas” para sanar sus heridas. A pesar de la presión familiar, las tres hermanas decidieron denunciarlo en la Justicia, el terreno donde durante años De Igarzabal gozó de prestigio y autoridad. Cuentan que las impulsó un abogado, entrenador de su hermano menor de rugby del San Isidro Club (SIC), luego de enterarse por boca del padre de las chicas lo que “Veco”, es decir, su suegro, había hecho con sus hijas, cuando eran niñas y adolescentes. Ese abogado penalista, Eduardo “Coco” Oderigo, fue como un ángel salvador para las tres hermanas y puso en real dimensión la gravedad de lo que habían padecido.

La denuncia fue presentada en 2010, unos tres años después de que empezaran a sacar a la luz aquellos episodios tan dolorosos. Pero antes de hacerlo, el hermano mayor de las chicas –en total son ocho hermanos– invitó a sus tíos a una reunión, en un salón parroquial de una iglesia Don Bosco, en San Isidro, y les informó que llevarían el caso a la Justicia. La novedad generó mucho enojo en la familia y la dividió: algunos tíos buscaron que desistieran de su decisión de denunciarlo por temor a las consecuencias del escándalo que podría generar, si trascendía la presentación en los tribunales, tratándose de una reconocida familia judicial de San Isidro. Entre tíos y primos suman nueve abogados. El hijo mayor de “Veco”, Félix G. de Igarzabal es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 85 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exponente del pensamiento clerical y antiderechos, este magistrado a comienzos de marzo de 2010 anuló uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la Ciudad, previo a la sanción de la ley, resolución que le costó una denuncia de parte de otra colega, la jueza porteña Elena Liberatori, ante el Consejo de la Magistratura porteño y de la Nación. Otro de los tíos de las chicas, Francisco, es secretario en el N° 106 del mismo fuero.




El cuarto mandamiento

Por aquellos días en que tomaron la decisión de denunciarlo, una de las hijas de Veco y madrina de una de las víctimas, le escribió a su ahijada. Del texto del correo electrónico se desprende el posicionamiento familiar frente a los hechos y que ella se había enterado también de que sus propios hijos podrían haber sido abusados por el abuelo, pero que lo perdonaban. “Tenés razón que has sufrido una aberración muy grande, lo reconocemos, sabemos que hizo una herida muy fuerte, pero cuidado que si tocamos mucho una herida, puede convertirse en una úlcera, algo más grande y feo. Reconocerla, saber que está, no esconderla, y luego,... adelante!! la vida sigue... con esa herida, sí, con esa herida”, le dijo la tía, a una de las tres hermanas, por entonces adolescente, que le había reprochado el silencio familiar frente a los abusos sexuales cometidos por “Veco”. El email sigue así: “Nunca escondimos nada ni hicimos pacto de silencio. La noticia nos cayó como baldazo de agua fría, increíble, yo tenía idolatrado a mi padre, me dolió mucho, pataleé, lloré, corrí a hablar con médicos y curas y de a poco, con mucha prudencia, fuimos hablando con nuestros hijos, respetando sus intimidades y ofreciéndoles todo nuestro apoyo y siempre hablando con la verdad, con mucho dolor y con mucho amor, mostrando que fuimos tan engañados como ellos”, dice la tía. Y agrega: “Y te sorprenderá que sigamos visitando a mis padres. Tengo muy claro el cuarto mandamiento, donde Dios nos pide honrar a padre y madre. No los voy a abandonar, menos en su vejez. La vida es así, con traumas y bendiciones. Yo recibí de ellos el don de la vida y la vida en la fe. Qué de contradicciones!!! Parece una locura, pero no los voy a abandonar, es lo que me tocó. Y recibí de ellos valores muy lindos”.

“Veco” pidió a las tres nietas que lo denunciaron que le tuvieran misericordia. Se los dijo en unas breves cartas que les escribió a mano alzada, fechadas el 1 de diciembre de 2010, cuando ya la causa penal estaba en curso. Una de las chicas quemó la carta que le mandó, como expresión de enojo hacia su abuelo. Las otras dos las guardaron y las presentaron en la investigación judicial. Las notas fueron sometidas a pericias caligráficas durante el juicio y se corroboró que era la letra del ex camarista. En esos textos, De Igarzabal no se hace cargo de su conducta. A una de las nietas le dijo: “Lamento haber permitido que pasara tanto tiempo sin darme cuenta que te había dañado. Recién ahora tomo conciencia y pido perdón. Apoya a tus padres, que te necesitan, y ten misericordia de mí”. A otra le dijo: “Te pido perdón por haberte lastimado. No tengo explicación ni justificación”.

Sordera

En los últimos años, el abuelo pagó la terapia psicológica de las nietas que abusó. Hasta que supo que le habían iniciado una demanda civil en la que le reclaman una indemnización por el “daño moral” y el “daño emergente” que les provocaron los abusos sexuales. Esa demanda generó una nueva reacción adversa de parte de la familia, preocupada por si les afectaría la tajada de herencia que esperaban recibir en el futuro. De Igarzabal, dicen sus nietas, es dueño de un campo de unas 300 hectáreas en la localidad bonaerense de San Pedro y una casa en Pinamar, además de la mansión de Gaspar Campos, entre otras propiedades. El expediente 161/2013 tramita en el Juzgado Civil N° 1 de San Isidro. El ex camarista, a través de su defensa, respondió que el delito estaba prescripto y por ende no les correspondía ninguna indemnización. Dos de las nietas, entonces, fueron a verlo a su casa para expresarle su enojo por los abusos y por su actitud frente a la demanda. Les abrió la puerta su abuela “Lita”. Y al conocer el motivo de la visita, les dijo que subieran. En la misma habitación donde tantas veces fueron abusadas, las dos jóvenes le dijeron a su abuelo lo que no pudieron decirle antes. El “se hizo el sordo”, contó una de ellas. “No me importaba su respuesta. Poder decir lo que yo tenía adentro fue una forma de sanación para mí”, describió la otra joven. Tienen todavía las heridas abiertas, aunque están en proceso de recuperación –dicen– después de sufrir tantos años los abusos sexuales de parte de su abuelo.

FUENTE. PÁGINA 12 -   Por Mariana Carbajal