ARABIA SAUDÍ: PRIMERA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

" Algunas cosas no se pueden tapar'

Una mujer con un ojo amoratado asomando por debajo de un 'niqab'. Esta es la imagen de una campaña contra el maltrato en Arabia Saudí. Y hay que ver más allá de la controversia por la prenda que cubre el rostro -y que aunque no es obligatoria es de uso común en parte del país-: se trata de toda una novedad.

Pese a que desde hace años hay programas de ayuda para las mujeres, nunca antes se había lanzado un anuncio similar, en un país que ocupa el puesto 131 de un total de 134 en cuanto a la desigualdad en función de género, según el Foro Económico Mundial.

"La sociedad confía sin reservas en los hombres, las mujeres y los niños deben ser pacientes y aceptar su suerte. El culpable, normalmente, un hombre, elude su responsabilidad apoyándose en el poder que le otorga la sociedad para controlar y dirigir su familia. En algunos casos, cuando ha habido excesiva violencia, simplemente se justifica con que tiene mal carácter... algo que es de nuevo aceptado como parte del papel de guardián de la familia", escribía la periodista y columnista Abeer Mishkhas en 'ArabNews'.

El Programa Nacional de Seguridad Familiar (NFSP, por sus siglas en inglés) ha informado de que los casos de violencia doméstica en el reino se han multiplicado entre 2005 y 2012 aunque su fundadora, Maha Al-Muneef,

subraya que esto no indica necesariamente que hayan crecido los abusos sino que probablemente es una señal de que las mujeres son ahora más conscientes de sus derechos y rompen el silencio.

En este contexto, la Fundación Rey Khalid se ha puesto manos a la obra y, por el momento ha conseguido una gran atención mediática. Su lema es:

 "Algunas cosas no pueden ser cubiertas. Luchemos juntos contra el abuso a las mujeres".

"El fenómeno del maltrato a la mujer en Arabia Saudí es mucho mayor de lo que parece, es un fenómeno que se mantiene oculto", dice la Fundación en su página web, al tiempo que subraya la importancia de conocer la magnitud real del problema así como sus causas y consecuencias para crear mecanismos que lo reduzcan.

La Fundación ha trabajado en un proyecto con medidas para reducir el abuso en Arabia Saudí y ya tiene el compromiso de que será analizado por la 'Shura' -paso previo a la firma real-.

Problema oculto

Si ya en cualquier parte del mundo es complicado conocer las cifras reales de maltrato, en un país tan restrictivo como Arabia Saudí, en el que las mujeres dependen en gran parte de los hombres -para cosas como viajar o trabajar-, se antoja casi imposible tener una idea clara de la magnitud de esta lacra.

Un estudio publicado en 2011 por la Universidad Rey Faisal junto con el ministerio de Sanidad recoge una encuesta llevada a cabo con 25 mujeres empleadas en una prisión femenina 2005 según la cual el 96% pensaba que los casos de violencia doméstica habían crecido. La forma más común era la negligencia, seguida de los abusos psicológicos, físicos y sexuales.

En muchos países árabes, la violencia de género no está considerada como una de las mayores preocupaciones, a pesar de que su incremento y de las nocivas consecuencias. Estudios en Egipto, Palestina y Túnez mostraban que al menos una de cada tres mujeres había sido golpeada por su marido ['Arch Womens Ment Health'. 2003].

En el trabajo mencionado se critica que médicos y enfermeras no están entrenados para afrontar estos casos y que no conocen los programas de los que dispone en ministerio de Asuntos Sociales para hacerles frente, por lo que no son capaces de aconsejar a las mujeres sobre las opciones a su disposición. De hecho, sólo un 3,5% de las maltratadas acude a un centro médico tras haber sido objeto de violencia.

Arabia Saudí rubricó en el año 2000 la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. El estudio enfatiza la necesidad de promover los programas de ayuda tanto para víctimas como agresores, así como recordar los valores del islam en cuanto a la familia.

En el Corán se dice que los hombres deben mantener y proteger a las mujeres y Alá les ordena vivir con sus esposas en un plano de equidad y bondad. El profeta Mahoma, en uno de sus dichos más conocidos, relató que "el mejor de los hombres es el que mejor trata a su familia". Los datos revelan que queda mucho por hacer.

FUENTE: EL MUNDO ES.  Amanda Figueras |-

¿ ES LA CRIMINALIDAD UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?

Lohitzune Zuloaga plantea la necesidad de apostar por una perspectiva de género que identifique las desigualdades entre hombres y mujeres también en el ámbito de la delincuencia.

La teoría criminológica continúa sin llegar a un consenso sobre la naturaleza de la delincuencia, sobre por qué las personas delinquimos (nos saltamos las normas definidas en un código penal) y qué condiciones favorecen que lo hagamos. Las causas, las consecuencias o la forma de controlar la desviación han dado lugar a multitud de líneas de investigación que intentan comprender cómo los aspectos socioeconómicos, los políticos o los morales afectan al fenómeno de la delincuencia. En esta línea nace la criminología feminista en los años 70, que incorpora la perspectiva de género para dar visibilidad a la mujer en los estudios sobre delincuencia y que ofrece una alternativa a la persistencia de perspectivas machistas en la disciplina. El interés de la nueva corriente se centró en estudiar la condición de desigualdad de las mujeres, bien como autoras de delitos bien como víctimas de ellos.

Durante los años que he dedicado a explorar el miedo que sentimos las personas a ser víctimas de un delito, me resultó particularmente revelador el hecho de que el miedo es una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida. Efectivamente, el miedo es una vivencia emocional, de origen psicológico, pero que puede ser compartida colectivamente. Son las personas las que sufren la sensación de miedo, pero es la sociedad la que construye el contexto y la realidad en que ese miedo al delito tiene lugar, construcción al mismo tiempo influenciada por los factores culturales en los que pervive dicha sociedad. Me preguntaba entonces si las mujeres, como grupo específico, experimentamos el fenómeno de la inseguridad ciudadana desde una perspectiva particular respecto de los varones, y de qué manera esa cualidad de ser mujeres nos afecta en nuestra experiencia con la delincuencia. ¿Somos las mujeres más miedosas que los varones ante la posibilidad de ser víctimas de un delito? ¿Tenemos realmente más probabilidades de sufrirlos? ¿Es la delincuencia una cuestión de género?

La explicación de por qué los jóvenes varones sufren más delitos es que las mujeres nos sentimos más vulnerables y tenemos una mayor percepción del riesgo que ellos.

Éstas son, por ejemplo, algunas de las preguntas que se plantearon las primeras criminólogas feministas y, a pesar de que la literatura criminológica, la feminista en particular, tienen todavía mucho por recorrer, no faltan trabajos extraordinariamente reveladores sobre estos asuntos. En general, por (in)seguridad ciudadana suele entenderse el miedo que las personas compartimos ante la presencia de peligros relacionados con la delincuencia común (robos, agresiones, asesinatos…) y cuya responsabilidad de protegernos recae sobre las instituciones públicas (no sólo en la policía). Uno de los aspectos más relevantes de la inseguridad ciudadana es que está formada por elementos tanto objetivos como subjetivos. En otras palabras, existe por una parte una dimensión objetiva, que hace referencia a la delincuencia real, a la tasa de delitos, a las acciones concretas que ocurren cada día; y tenemos por otra parte una dimensión subjetiva, que tiene que ver con la opinión de la ciudadanía sobre la seguridad, con la percepción que tienen las personas de la posibilidad que existe de ser víctima de un delito. Por tanto, la causa del miedo –de la inseguridad ciudadana– no necesariamente proviene de amenazas o peligros objetivamente reales, sino que puede estar determinada por factores diversos (la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, la valoración del entorno, etc.) que provoquen la impresión de que, efectivamente, lo son en el colectivo sobre el que recae el miedo. Partiendo entonces de que el fenómeno es complejo y de que el género debe entenderse junto con otros factores que condicionan los sentimientos y los comportamientos de las personas, paso a plantear algunas ideas clave sobre la experiencia de la mujeres en su relación con la delincuencia.

1.- ¿Tienen las mujeres más probabilidades que los varones de ser víctimas de un delito?

No. Según las estadísticas policiales, las víctimas de delitos son principalmente varones jóvenes. En términos generales, lo más probable (lo que más ocurre) es que la víctima de un delito sea un varón entre 20 y 50 años, aunque este dato varía en función de algunas tipologías delictivas, como por ejemplo la violencia de género o las agresiones sexuales, en los que las víctimas son mujeres.

Algunas de las explicaciones que más suelen enfatizarse a la hora de explicar por qué los varones sufren más delitos es que las mujeres nos sentimos más vulnerables y tenemos una mayor percepción del riesgo que los varones, lo que nos lleva a ser más precavidas en nuestras rutinas y a evitar situaciones de peligro. También podríamos interpretarlo desde el ángulo contrario: a los hombres se les incentiva a involucrarse en situaciones de riesgo, lo que aumenta las probabilidades de que la iniciativa no acabe con buenos resultados. Pero no es tan sencillo de interpretar y, de hecho, estas explicaciones no terminan de ser satisfactorias.

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los cuestionarios de opinión y estadísticas que se elaboran sobre cualquier tema incluyen automáticamente la variable sexo para mostrar resultados diferenciados entre varones y mujeres; pero no se ha realizado un esfuerzo igualmente serio para intentar comprender el porqué de las diferencias entre estos dos grupos. Con esta presentación tan simplista de los datos se tiende a considerar que el hecho de ser mujer (en términos biológicos) conlleva estar predispuestas a pensar o actuar de una forma determinada (ser vulnerables) cuando, en realidad, las explicaciones tenemos que buscarlas en terrenos más sociológicos (cómo afecta la vida en sociedad a las mujeres como grupo, los procesos de socialización a través de los cuales nos hemos desarrollado para adaptarnos a las normas sociales, las construcciones sociales con las que manejamos nuestra realidad cotidiana…). Y, en este sentido, queda mucho por explorar. Teniendo en cuenta esta importante consideración, la siguiente pregunta sería…

2.- ¿Sienten las mujeres una mayor inseguridad ciudadana que los varones?

Sí. Las diferentes encuestas de victimización realizadas en diversos países así lo confirman. Las mujeres suelen expresar unos porcentajes de inseguridad en sus respuestas significativamente mayores que los varones Aquellos estudios que vinculan el miedo al delito con factores personales concluyen con que las mujeres, las personas de mayor edad, las minorías o las personas de baja clase social suelen exhibir, por regla general, un mayor temor frente al delito.

El miedo que sentimos las mujeres a ser víctimas de una agresión sexual grave es muy desproporcionado en comparación con las probabilidades reales que tenemos de sufrirla;Las diferencias son también constatables por tipos de delitos.

 En comparación con los varones, las mujeres sentimos que tenemos más probabilidades de ser víctimas de tirones de bolso, agresiones sexuales, atracos, o estafas; mientras que los varones superan a las mujeres en el miedo a sufrir abusos o coacciones por parte de agentes de autoridad. El caso de las agresiones sexuales resulta especialmente significativo. Si preguntamos a la ciudadanía en qué delitos piensa cuando se habla de inseguridad ciudadana, las agresiones sexuales suelen aparecer sistemáticamente en los primeros puestos cuando, objetivamente, las probabilidades que tiene una mujer se sufrir una agresión sexual es infinitamente inferior que a sufrir un robo. Las estadísticas son claras al respecto, las agresiones sexuales constituyen un porcentaje muy pequeño de las denuncias que se registran diariamente en las comisarías de policía: las violaciones y abusos sexuales conocidos en el Estado no alcanzan el 0,4% de total de infracciones registradas.

Ahora bien, aunque las denuncias policiales son la mejor fuente de información que tenemos para conocer la criminalidad de un país, tienen su lagunas. Es más que probable que la cifra negra (los delitos que no se denuncian) sea particularmente importante en el caso de las agresiones sexuales, como consecuencia del costo social y personal que conlleva para una mujer denunciar este tipo de delitos. 

Es razonable pensar que las estadísticas policiales recogen los casos más graves, y que desconocemos el alcance real de muchas situaciones de violencia sexual que sufrimos las mujeres (particularmente en el ámbito privado), bien porque sentimos que no vamos a ser comprendidas o apoyadas, bien porque preferimos no pasar el trago de la denuncia.

Aunque fuéramos capaces de contabilizar el alcance real de las agresiones sexuales (más allá de las definiciones oficiales, tampoco resulta sencillo acordar qué situaciones deberían considerarse dentro de esta categoría), este tipo de delitos continuaría siendo minoritario en comparación con otras acciones criminales. Cuando decía anteriormente que la ciudadanía identifica las agresiones sexuales como uno de los principales delitos en los que piensa cuando se habla de inseguridad ciudadana, esta respuesta ha sido proporcionada en su gran mayoría por mujeres. Y esto resulta muy significativo. El miedo que sentimos las mujeres a ser víctimas de una agresión sexual grave es muy desproporcionado en comparación con las probabilidades reales que tenemos de sufrirla. Es razonable que las personas temamos sufrir los delitos más graves, especialmente aquéllos que atentan contra nuestra integridad, pero el binomio mujer-agresión sexual parece estar fuertemente asimilado en la percepción que la mujeres tenemos de las amenazas que provienen del mundo de la delincuencia. Las mujeres hemos sido educadas en el pensamiento de que tenemos altas probabilidades de ser violadas y de que tenemos que estar alerta frente a la violencia que puede sufrir nuestro cuerpo y protegerlo. El acoso sutil (y no tan sutil) al que  las mujeres nos vemos rutinariamente expuestas intervine en nuestra percepción de que existe una amenaza real de ser agredidas. Esta percepción se consolida además en la literatura criminal, las películas y las series de televisión, donde es habitual que las víctimas femeninas de delitos sean mujeres violadas.

La responsabilidad de la mujer en la educación y bienestar de su familia parecen dificultar las oportunidades para cometer actividades delictivas y facilitan que éstas sea controlada y socializada en el respeto por las normas

En definitiva, podemos afirmar que la mayor inseguridad ciudadana que sienten las mujeres es una realidad. La criminología feminista es consistente con esta afirmación y subraya que no hay razón para esperar que las mujeres sean más temerosas del delito por su condición sexual, sino que las circunstancias se deben a otro tipo de factores. Hemos analizado hasta ahora a las mujeres desde el punto de vista de las víctimas, pero…

3.- ¿Cometen los varones más delitos que las mujeres?

Rotundamente sí. Un indicador muy interesante lo encontramos en las cárceles. Las mujeres constituyen el 8% del total de personas que cumplen condena en prisión. Esta cifra se encuentra más o menos estable desde hace dos décadas y es superior a la de otros países del entorno. Dicho del modo contrario: ¡el 92% de las personas encarceladas son varones! ¿Significa esto que las mujeres no delinquimos?

Cabe comenzar recordando que las cárceles no son un reflejo de la realidad criminal, sino de la política criminal que se práctica. Así por ejemplo, el sistema favorece que las clases sociales más desfavorecidas estén claramente sobrerrepresentadas en las instituciones penitenciarias. Sería interesante investigar en qué medida los sesgos característicos de nuestro sistema penal inhiben el ingreso de mujeres en prisión, si es que lo hacen. Por otra parte, se me ocurre pensar que la presunción de culpabilidad que recae sobre inmigrantes o personas de etnia gitana y la presunción de inocencia con la que se ha tendido a tratar a las mujeres pueden ser dos caras de la misma moneda. Numerosos estudios anglosajones han concluido con que las mujeres, en general, reciben un trato más benevolente por parte del sistema penal; no obstante, aquéllas que no cumplen con los roles familiares que tradicionalmente se les ha asignado (el de madres y esposas) tienden a ser castigadas con penas más duras. Si bien esta cuestión merece ser estudiada con mayor atención, lo que sí es posible confirmar es que los varones cometen más delitos, los tipos de delitos que cometen son más graves y reinciden más que las mujeres.

La delincuencia es una actividad cometida por varones, y las políticas penitenciarias también están claramente pensadas por y para varones. Se han publicado trabajos muy significativos al respecto, en los que se critica la discriminación añadida que supone ser mujer en una cárcel: ausencia de programas específicos de salud para nuestro cuerpo, actividades sexistas, ausencia de políticas de conciliación maternal, falta de espacios apropiados para las mujeres, etc. Otro de los debates abiertos es el que se cuestiona si la prostitución es un delito o bien una estrategia para no cometer delitos;  y la tradicional condición de madres y cuidadoras de las mujeres parece ser el condicionante principal para que adoptemos estrategias de supervivencia extremas en situaciones de precariedad, para evitar así ingresar en prisión.

Precisamente, uno de los análisis feministas más potentes desarrollados hasta el momento plantea la opresión y el fuerte control social como la base para explicar la relación entre mujer y delito. Según este marco, la mujer es objeto de un fuerte control social informal, que se produce principalmente en los espacios privados en los que ejerce su rol de cuidadora familiar, mientras que el espacio público (formal) en el que se desenvuelve el hombre no ejerce un control social tan intenso. La responsabilidad de la mujer en la educación y bienestar de su familia parecen dificultar las oportunidades para cometer actividades delictivas y facilitan que ésta sea controlada y socializada en el respecto por las normas. La mujer tiene además mayores dificultades para acceder a los espacios públicos (un trabajo, un cargo masivamente visible, etc.), y cuando lo hace no abandona las tareas de cuidadora que realizaba hasta el momento. Sin embargo, no parece que el cada vez mayor acceso de la mujer al mercado laboral haya provocado un aumento significativo de la delincuencia protagonizada por mujeres.

Ahí quedan las preguntas abiertas y los interrogantes por investigar. Pero lo más importante es que, definitivamente, la criminología debe apostar por una perspectiva de género que identifique las desigualdades que sufrimos las mujeres en este ámbito y poder así generar las oportunidades que faciliten una mayor calidad de vida de las mujeres, tanto de las delincuentes como de las víctimas.

FUENTE: PILKARA MAGAZINE -Lohitzune Zuloaga, socióloga y experta en políticas de seguridad - Ilustración de Emma Gascó 

INTENTAN LAVARLE LA CARA A INSTITUCIONES POLICIALES

CHILE.- En su edición del miércoles 24, La Segunda online tituló “Comisarías de Carabineros y PDI suben 10 puntos en valoración ciudadana entre 2009 y 2012” y luego da cuenta de los resultados de un trabajo de campo del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

Se informa allí que en el marco de la VI Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía, organizado por la agrupación internacional Altus, “17 países abrieron las puertas en 1.000 estaciones de policía para que la sociedad civil, representada por 5.842 voluntarios, tuviera acceso a su labor y a las condiciones en las cuales ésta es llevada a cabo”. En el caso de Chile, 250 voluntarixs recorrieron 72 estaciones policiales de seis regiones,a fines de 2012, y evaluaron allí las áreas de orientación a la comunidad, condiciones física (establecimiento, uniformes y otros materiales), igualdad de trato al público, transparencia y rendición de cuentas, y condiciones de detención. El promedio de evaluación subió de 63,1 en 2009, a 73,24 en 2012.

¿Quiénes fueron esxs voluntarixs?,

 es la primera pregunta que asalta, pero aclara la nota que fueron profesionales de ONG –de Movilh y Serpaj, entre ellas–, vecinxs y dirigentes. No se aclara, sin embargo, cuál fue la metodología de evaluación, por ejemplo, si los recintos fueron seleccionados en forma aleatoria o “sugeridos”, pudieron visitar libremente las instalaciones o fueron objeto de una “visita guiada”, tuvieron chance de entrevistar privadamente al personal o   se les facilitó acceso al “libro de reclamos”.

Informar sobre estos aspectos, o dejar de hacerlo, no es un asunto menor porque la fiabilidad de los estudios, encuestas e investigaciones descansa en mucho en su metodología. Ella establece los rangos de interpretación y de proyección de sus resultados. Determina en cuanto son estos generalizables y con qué otras mediciones pueden compararse, entre otras cosas. Publicar los hallazgos al voleo no tiene seriedad y más bien, he aquí la sospecha de LMG: pareciera que buscan confundir a la opinión pública. Es importante recordar que Carabineros ha bajado en los índices de evaluación ciudadana de los últimos años. En enero de 2013, la encuesta Adimark- Paz Ciudadana sobre delincuencia mostró un descenso de la satisfacción de las personas con el actuar de carabineros ante la presentación de denuncias, y la reciente investigación de ICSO de la Universidad Diego Portales arrojó una nueva caída de la confianza en esa institución de parte de la ciudadanía.

Entonces, el titular verdadero es: Intentan lavarle la cara a las instituciones policiales.

FUENTE: LA MANSA GUMEN 

RIO GALLEGOS: DENUNCIAN ABUSO SEXUAL DE UN NIÑO DE 11 AÑOS HACIA UNA NIÑA DE 4 AÑOS

El llamado a la Policía lo realizó la madre de la pequeña e indicó como supuesto autor a un nene de 11 años. De inmediato se iniciaron los protocolos básicos para este tipo de situaciones. Interviene el Juzgado del Menor.

Un caso de supuesto abuso sexual se inició en horas de la madrugada de ayer en la Seccional Segunda.

Una mujer llamó a los uniformados y les solicitó que se acerquen a su morada, ubicada en calle Lago Tar. Al llegar se entrevistaron con la progenitora de una nena de 4 años, quien les manifestó que su pequeña hija había sido víctima de un abuso sexual por parte de un nene de 11.

El abuso sería simple, es decir sin acceso, y al parecer la propia madre habría observado la situación, aunque aún resta conocer detalles que se encuentran bajo secreto de sumario.

Los efectivos se pusieron en contacto con el Juzgado del Menor y desde la sede judicial se ordenó que la causa se eleve a la Seccional Primera.

En dicha comisaría se iniciaron los protocolos básicos, es decir intervención de peritos forenses, psicólogos y demás profesionales que brindaron contención a la madre de la pequeña.

Sería familiar

Si bien existe un gran hermetismo en la causa, debido a que es un delito de instancia privada, La Opinión Austral pudo conocer que el pequeño de 11 años, supuesto victimario, sería familiar de la niña. Más exactamente, se mencionó que podría ser el primo de la niña.

La causa ahora está en manos de la Justicia provincial, quien deberá continuar con la instrucción y localizar al chico para realizar las averiguaciones pertinentes.

FUENTE: LA OPINIÓN AUSTRAL

LA PROCURACIÓN FORTALECE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

El Ministerio Público Fiscal dio un nuevo impulso a la lucha contra la discriminación de género al jerarquizar la unidad destinada al combate a la trata de personas que, a partir de ahora, se dedicará exclusivamente al combate de ese delito. Al frente de la nueva Fiscalía de Trata de Personas seguirá estando el fiscal Marcelo Colombo, que venía desempeñándose de forma excelente en este rol desde 2008 en la UFASE. La medida se suma a la creación, a fines del 2012, del Programa sobre Políticas de Género, a cargo de Romina Pzellinsky, que se ocupa fundamentalmente de las causas sobre violencia de género.

El  Fiscal Dr. Colombo, junto a la Dra. Diana Maffia y la Prof. Mónica Bersanelli,.

 “Muchísimas de las situaciones de trata se dan en el marco de relaciones sociales toleradas históricamente por la sociedad y los funcionarios públicos. La trata es una desigualdad en estado consolidado que no se entiende si no se acepta que una de las partes actuó apoyado en la desigualdad, a través del uso de la fuerza” señaló el fiscal Marcelo Colombo esta semana durante el lanzamiento de la nueva Fiscalía contra la Trata de Personas a su cargo –dentro del Ministerio Público Fiscal(MPF)- que reemplaza a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) que él dirigió desde el 2008 y se ocupaba tanto de trata de personas como de secuestros.

La creación de esta nueva procuración responde a una jerarquización del combate a la trata por parte del Ministerio Público Fiscal en el contexto de la reciente modificación de la Ley de Trata de Personas (en diciembre) y de la necesidad de aumentar los recursos del Estado para combatir un delito que, en el caso de la explotación sexual, afecta prioritariamente a las mujeres (el 91% de las víctimas de trata para explotación sexual son mujeres, según el informe 2012 de la UFASE). “El escenario actual es el de un proceso de visibilización creciente de este fenómeno criminal y de muchas expectativas de la sociedad civil por la intervención que se hará desde el Estado sobre el tema- señaló la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, durante el lanzamiento de la nueva Fiscalía-. Hay una creciente demanda social para que el sistema judicial se comprometa en casos de trata, sobre todo de explotación sexual, porque hay una inercia en el tratamiento de este fenómeno, dificultades para creer el testimonio de las víctimas y otras irregularidades.”

Nuevas funciones

La nueva Fiscalía sobre Trata de Personas se dividirá en dos áreas: una de investigación y otra institucional, que profundizará el vínculo con otros organismos del Estado y con la sociedad civil, ya que en las denuncias provenientes de este sector se originan el 40% de las investigaciones sobre trata que llevó hasta ahora la UFASE.

Ejes de trabajo

A su vez, habrá cuatro ejes de trabajo. Por un lado, se tratará de mejorar la selección de las investigaciones, de tal manera de llegar a las grandes redes que lucran con la explotación y la trata de personas ya que hasta ahora en las sentencias existentes sobre trata no fueron condenadas personas que integrasen estructuras delictivas importantes. Por otra parte, Colombo señaló la necesidad de responder a los requerimientos que para el MPF tiene la nueva Ley de Trata de Personas, 26842, aprobada en diciembre. De acuerdo a esa normativa, el Ministerio será parte del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que a su vez decidirá las acciones del Comité Ejecutivo. En este sentido, un reclamo de Colombo durante la presentación de la nueva Fiscalía fue que el Poder Ejecutivo reglamente la nueva Ley de Trata de Personas aprobada en diciembre por el Parlamento.

Otra nueva área de trabajo 

tendrá que ver con federalizar más el combate, para lo cual se prevee que en cada provincia haya representantes del organismo que colaboren en la tarea de los tribunales federales y en la investigación. Y por último, trabajarán en el diseño de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que permita cruzar los datos de las personas denunciadas como desaparecidas –y que no siempre son casos vinculados a trata de personas- con los múltiples organismos que pueden tener información sobre el tema a lo largo y ancho del país.

Políticas de Género

Además del área específica para delitos vinculados a la trata de personas, el Ministerio Público Fiscal dispone de una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (el nombre no es adecuado ya que no existe la prostitución infantil, lo correcto sería “explotación sexual infantil”) y, en noviembre el 2012, fue creado el Programa sobre Políticas de Género, a cargo de la fiscal ad-hoc Romina Pzellinsky, con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género dentro del organismo.

El Programa,  tiene cuatro áreas de trabajo

investigación, sistematización de información y elaboración de estadísticas; sensibilización, difusión y capacitación; articulación intra e interinstitucional; y asesoramiento y asistencia a las fiscalías , en sus primeros cuatro meses de gestión ya desarrolló una intensa tarea que va desde el asesoramiento en causas vinculadas a violencia de género a propuestas de capacitación para integrantes del MPF y el diseño de un Mapa de Género que en breve será públicamente difundido y que ya se sabe que arrojará una discriminación de género similar a la del Poder Judicial de la Nación: igualdad de mujeres y varones en los escalafones más bajos de la estructura y ausencia de mujeres a medida que se asciende.

En el área de capacitación, el organismo presentó una propuesta para incorporar un módulo de género dentro del curso de ingreso para integrantes del MPF y a la vez están diseñando un curso optativo de especialización sobre la temática. A la vez, se propuso al área de estadísticas del MPF contar con estadísticas discriminadas por género, aspectos tan básicos como que, por ejemplo, cuando se carga una causa en el sistema se incluya el nombre y sexo de las partes involucradas en la misma, requisito que hasta el momento no es necesario en una primera etapa.

El Programa también colaboró con el Ministerio de Seguridad de la Nación en la elaboración de dos protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad: uno en feminicidios y otro en violencia doméstica. “Se aborda el comportamiento adecuado en el lugar del hecho –explica Pzellinksy-: qué debe hacer, cómo revisar la escena, qué aspectos valorizar.”

FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD - 

OPONERSE A LA ABLACIÓN IMPLICA TENER ENEMIGOS Y BUSCAR ESTRATEGIAS PARA QUE SE NOS ENTIENDA

El trabajo más duro fue romper el tabú sobre la ablación. Desde que empezamos logramos la implicación de la comunidad y las instituciones. Hoy hay que reflexionar sobre nuestros logros y fallos, qué refuerzos y estrategias necesitamos”

 Fatou Secka es gambiana, reside en Catalunya y lleva desde los años ochenta luchando por los derechos de las mujeres africanas. Presidenta de l‘Equip de Sensibilització sobre Mutilació Genital Femenina (Equis-MGF), imparte talleres de formación y sensibilización a mujeres y hombres para prevenir y erradicar ésta y otras manifestaciones de la violencia de género. Su actitud humana, cercana y empática es una de las herramientas con las que ha logrado generar un cambio de conciencia en muchas personas, aunando el respeto con una firme defensa de los derechos humanos y de las mujeres. 

Dices que las mujeres africanas deben liderar la lucha contra la mutilación genital femenina en África y en Europa. ¿Cómo se inició tu compromiso con esta lucha? 

Llevo desde 1985 luchando por los derechos de las mujeres africanas y nuestra visibilidad, no sólo contra la MGF: antes me manifesté contra el matrimonio precoz y forzoso y contra la poligamia, que respeto pero no acepto para mí. Nuestra asociación, Equis, nació después de una capacitación en sensibilización, formación e información para la prevención del VIH/sida que cinco africanas hicimos en 1997 en el marco del programa de formación Salele (salele quiere decir salud en lengua bubi de Guinea Ecuatorial) de Red 2000, un grupo de trabajo contra el VIH/sida. Estuve en Bruselas en la asamblea general del proyecto y me invitaron a una exposición de GAMS (Grupo por la Abolición de las Mutilaciones Sexuales y otras prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y niñas) Bélgica sobre la MGF. 

“El trabajo más duro fue romper el tabú sobre la ablación. Desde que empezamos logramos la implicación de la comunidad y las instituciones. Hoy hay que reflexionar sobre nuestros logros y fallos, qué refuerzos y estrategias necesitamos” En África, ya conocía el tema por hablarlo entre mujeres y niñas; pero al informarme en su exposición y ver que la población de algunos países y regiones donde se practicaba (Gambia, Senegal, Guinea Konakry, Mali, Nigeria, Níger) tenía una implantación importante en Catalunya, pedí una formación específica sobre el tema a la presidenta del Comité Interafricano sobre las Prácticas Tradicionales Perjudiciales para la Salud de Mujeres y Niñas [cuya sección francesa ostenta desde 1984 GAMS Francia, fundada dos años antes]. Un mes y medio después vinieron dos profesionales para ayudarnos a formar a grupos de mujeres en Catalunya, hicimos una formación unas cuantas. 

Mostraron un vídeo muy duro sobre los efectos de la MGF en la salud de las mujeres. Algunas decían: “Yo no sabía que esto era así, después de lo visto no quiero mutilar a mi hija”. Esto fue en Masnou, pero el interés de las mujeres era hacerlo en Premià, para las que no habían podido, así que la semana siguiente fuimos, y hubo una gran asistencia porque se había corrido la voz. Éramos unas 30 y decidimos montar una asociación todas juntas para erradicar la MGF, aunque estábamos asustadas y nos preguntábamos: “¿Cómo nos vamos a atrever a hacerlo?” 

¿Cómo fue el empezar a promover la reflexión con otras mujeres? 

El trabajo más duro fue romper el tabú, los inicios, en el 98-99, atreverse a llamar al tema por su nombre. Quedábamos, tomábamos mucho café, muchas galletas, pero no nos atrevíamos a hablar, buscábamos cómo orientarlo: hablar de sexualidad, afloraban críticas a los hombres… La luz se encendió con una pregunta sobre la relación entre la MGF y el contagio del VIH/sida: eso nos abrió la puerta para hablar. Por ejemplo, en relación a la higiene, ya que el cuchillo con el que se practica puede usarse para diez o doce niñas y ésta es una de las vías de contagio. Después la gente empezó a hablar de cómo se sentía. Desde que empezamos logramos la implicación de la comunidad y las instituciones. Hoy en día el tabú ya se rompió, pero es el momento de reflexionar sobre los logros, los fallos, qué refuerzos necesitamos, buscar estrategias de actuación. 

Una compañera de Equis explicaba que implicaros en esta lucha os supuso una cierta exclusión dentro de la comunidad africana en Catalunya, incluso ruptura de relaciones. 

Fue una guerra abierta, muy fuerte: algunas mujeres dejaron de asistir a las conferencias de MGF; muchas estaban de acuerdo con lo que hacíamos, pero otras nos dieron la espalda, yo creo que quizá porque no tenían las herramientas para estarlo. Todas somos mujeres, puedo tener su mismo miedo, ésta es una lucha que debemos hacer todas juntas, y cuando quieran unirse las esperamos. 

“Implicarme en esta lucha limitó mi relación con la comunidad. Fui señalada como mujer wolof que trabaja en lo público y no es sumisa ante los hombres, pero el formar parte de la casta griot fue mi escudo para la crítica” Algunos hombres dicen que mejor que no vaya a sus casas porque “les como el coco” a las mujeres: no soy bien vista. Te sonríen, pero tienen miedo de apoyarte, porque te has salido del cupo, te dicen que te has occidentalizado porque cuestionas y no aguantas un matrimonio injusto… Incluso, durante intervenciones con las familias, me han llegado a decir que he perdido valores culturales como africana y a juzgarme por tener sólo cinco hijos. Ello limitó mi relación comunitaria, que culturalmente suele ser muy estrecha: por ejemplo, para excusaba mi asistencia para evitar conflictos por que una mujer que me abre su puerta pudiera tener problemas porque la visitara. 

Fui señalada por ser una mujer wolof que trabaja en lo público, sale en medios de comunicación y cuando está frente a un hombre le dice “no tengo que ser sumisa”, más que enfrentándose, diciendo “estoy aquí, pienso esto y lo digo”. El trayecto fue difícil pero también tuve un escudo para la crítica: entre las y los wolof soy de la casta griot [narradores y transmisores de la tradición oral], que dentro de la comunidad tiene la voz para enseñar lo que sucede. Pese a llevar 40 años aquí, eso no se enseña ni se aprende, se hace. Fueron años muy duros, me emociono cuando los recuerdo, pero me reafirmó en mi convicción respecto a mi proyecto de vida como mujer. Forma parte del proceso y tuve buenas maestras. 

En la lucha contra la MGF has vivido también el machismo y etnocentrismo de la población autóctona, por ejemplo, al dar por descontado que tú habías sufrido la ablación porque trabajas en este tema. 

“Una estrategia contra la violencia machista entre las africanas es marcar a la familia política de tu marido con quién tienes una relación íntima; dominar tu dormitorio y dejar muy claro que en un matrimonio el deber de ambos individuos es procurarse bienestar” 

Sí. Incluso una mujer me dijo que por qué hablo de la lucha contra la MGF cuando no la he vivido. Es una cuestión de derechos humanos, salud física y psíquica y derechos reproductivos de las mujeres, como mujer no puedo tolerarlo. Y como activista debo saber respetar, negociar sin herir, atraer al otro a tu campo. Es un reciclaje constante, un aprender de aquellas personas a quien tú vas a enseñar para acercarte, porque cada uno tiene sus habilidades y experiencia: todas y todos enseñamos y aprendemos. 

Trabajas en el proyecto Tirar endavant de la Fundación CEPAIM, que se centra en la prevención de la violencia de género, y aborda la MGF como una de sus manifestaciones. ¿Qué estrategias desarrollan las mujeres africanas para luchar contra la violencia machista? 

En nuestros talleres sale todo, el matrimonio precoz y forzado, la poligamia, la MGF…. En una comunidad en la que la mayor visibilidad de una mujer pasa por estar casada, y en la que se permite a tu marido tener otra esposa, hay que tener mano izquierda, como dicen aquí, no librar una guerra abierta, porque no es sólo él quien quiere otra esposa, normalmente su madre también y las nueras pasan a ser como hijas en la familia política. La estrategia está en marcar que con quien tienes una relación íntima es con el hombre; dominar tu dormitorio y dejar muy claro que en un matrimonio el deber de ambos individuos es procurarse bienestar. Por tanto, si estoy casada contigo respeto a tus padres, pero mi bienestar y el de mis hijos es importante y si considero que no me cuidas como es debido la sharia me permite pedir la anulación del matrimonio. También establece que para que el hombre contraiga matrimonio con otra esposa la primera tiene que estar de acuerdo. 

La ofensiva integrista en el Sahel ha supuesto un aumento de mutilaciones de niñas en la zona, además de amenazas a imanes contrarios a la MGF. ¿Cómo afrontar esta involución? 

Bueno, las amenazas siempre han estado, a mi exmarido le llamaban por teléfono diciéndole “a ver si controlas en qué se mete tu mujer”. ¿Que me matarán? La vida es vivir o morir, no es que no tenga miedo de morir pero no voy a centrar mi vida en ese peligro. Estamos hablando de prácticas ancestrales, y no podemos esperar no tener enemigos al oponernos a ellas. Hay que armarse de valor y buscar estrategias de diálogo para que la gente entienda por qué estamos en contra de la MGF.

FUENTE: OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO - MADRID

LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA JUSTICIA SON FUNDAMENTALES

Desde que fue creado, en noviembre del 2012, el Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal intervino en 30 causas de violencia de género e hizo el seguimiento de casi otras 80 iniciadas en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Su tarea en estos casos es asesorar a las y los fiscales sobre la mejor forma de abordar las causas de violencia sin perpetuar los estereotipos sexistas del derecho frente al tema. Valorar los testimonios, buscar antecedentes de situaciones de violencia, y encontrar a testigos de esos hechos que suelen suceder entre cuatro paredes y sobre los que “nadie escuchó ni vio” son parte de las estrategias que sugieren a sus colegas para evitar, por ejemplo, que se repitan alegatos de la fiscalía como el manifestado pocas semanas atrás contra las hermanas Aylén y Marina Jara .

 En sólo cuatro meses de gestión, la responsable del Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF), la fiscal ad-hoc Romina Pzellinksy, ya tiene un currículum activísimo de la unidad fiscal a su cargo: seguimiento de casi 80 causas iniciadas en la  Oficina de Violencia Doméstica (OVD); intervención en 30 causas de violencia de género; presentación de escritos en otras tantas, todas intervenciones que tienen como objetivo mejorar la tarea de las y los fiscales durante los juicios de violencia de género.

Las investigaciones que realizan las fiscalías no suelen estar exentas de vicios vinculados a la ausencia de enfoque de género y el desconocimiento para tratar una problemática que merece la consideración de aspectos específicos.

La tarea de este Programa es por un lado, promover la perspectiva de género hacia dentro del MPF, en lo referido a formación, sensibilización, y conocimiento público de la discriminación existente en del organismo, pero a la vez promover que la mirada de las fiscalías comience a modificarse en la actuación misma de los juicios.

Con este objetivo, el Programa tiene un acuerdo con la OVD de la Corte Suprema de Justicia por el cual está interviniendo en distintas etapas de causas judiciales en curso. Pero a la vez, está desarrollando una Guía de Actuación para el MPF en casos de Violencia contra la Mujer en el Ámbito Doméstico que servirá para orientar la tarea de quienes integran el organismo.

- ¿Cómo se está trabajando desde el área de asesoramiento a las fiscalías?

- Esto surgió a partir del convenio que firmamos con la OVD con el fin de optimizar la investigación de los casos de violencia de género y doméstica, que es lo que trabaja la OVD. A partir de eso, la procuradora designó 4 fiscales ad hoc, que somos las 4 personas que integramos el Programa, y que accedemos diariamente a los legajos de alto y altísimo riesgo de la OVD y trabajamos en conjunto con las fiscalías intervinientes. Analizamos los legajos y sugerimos a las fiscalías criterios a adoptar y medidas de prueba.

- ¿Qué cosas están sugiriendo y que tienen que ver con ausencia de enfoque de género en las fiscalías?

- Una de las cosas es que la justicia penal pide muchas veces repetir la denuncia de las mujeres víctimas de violencia porque dice que como no fueron hechas “bajo juramento”, es necesario repetirlas. Pero ya hay jurisprudencia que dice que el testimonio brindado por las mujeres en la OVD vale como denuncia, entonces ¿qué sentido tiene hacerla declarar un miércoles en el juzgado si ella ya lo hizo en la OVD el viernes anterior? También estamos señalando la necesidad de que se busquen testigos del hecho y que esto lo haga la fiscalía: que investigue por ejemplo si un vecino escuchó  la situación de violencia, porque muchas veces en el expediente queda registrado que como el hecho ocurrió dentro del ámbito doméstico no hay testigos. Sugerimos también que se certifiquen denuncias anteriores, que se busquen antecedentes, porque si bien no se puede juzgar al victimario por lo que hizo, la existencia de denuncias anteriores prueba la sistematicidad y el círculo de la violencia. Y también pedimos que no se exija a las víctimas que consigan las pruebas, que no se las haga responsables de recabar toda a información.

- ¿Qué están sugiriendo en relación a los testimonios de las víctimas, que muchas veces son desestimados por la justicia?

- Recalcamos que es fundamental que se incorpore su valor. En un juicio en el que participamos en febrero, una mujer denunció por una lesión muy leve y una amenaza de muerte, pero cuando testimonió se refirió a muchas otras circunstancias de violencia. El victimario, por su parte, tenía todo un discurso muy diferente. Y en ese caso, nosotras tratamos de poner de relieve que ella estaba declarando bajo juramento, y él no porque estaba acusado, con lo cual los testimonios no podían analizarse como la palabra de uno contra otro, máxime cuando hay otras pruebas que acreditaban el hecho.

- ¿Cómo están recibiendo desde las fiscalías esta mirada especializada?

- En general bien, son receptivas, porque además nosotras estamos facilitándoles el trabajo al observar muchos aspectos de la investigación.

- El año pasado se realizó en Argentina el Primer Foro Federal de Fiscalías Temáticas de Género. ¿Ustedes están participando de ese proceso?

- Si, participamos del Foro y ya fuimos invitadas al que se realizará este año en Salta. Pero al ser un país federal, cada provincia decide cuándo crea o no fiscalías especializadas. Nosotras, desde el Ministerio Público Fiscal, tenemos injerencia en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia federal, pero no en el resto de los tribunales del país. También en este sentido hay que tener en cuenta la experiencia de países como España donde si bien hay muchos juzgados de violencia de género y penales especializados en violencia contra la mujer a partir de la nueva Ley de Violencia que tienen desde el 2004, en la práctica se sigue cayendo en los mismos problema de discriminación del sistema judicial que hay en otros países porque falta sensibilización y capacitación, que son dos aspectos fundamentales.

FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD- POR SANDRA CHAHER

CALETA OLIVIA: SUBOFICIAL ABUSÓ DE SUS HIJAS

En la jornada de ayer se pudo conocer que un suboficial de la policía provincial fue detenido por el delito de abuso sexual.

Según trascendió, el hombre presta servicios en la Seccional Segunda de Caleta Olivia, donde fue detenido y posteriormente trasladado a la alcaidía de la localidad de Pico Truncado para evitar que los familiares de las adolescentes provoquen desmanes.
TiempoSur pudo saber que desde el Juzgado llegó una citación a la dependencia, y un par suyo fue quien lo notificó que debía presentarse en la Seccional. Cuando éste llegó a la misma, se le notificó que quedaba detenido porque sobre él habían radicado una denuncia de un posible delito de abuso sexual contra dos de sus hijas.
Además se pudo averiguar que el suboficial habría estado casado en la localidad de Pico Truncado y posteriormente se separó de esa mujer. Cuando comenzó a prestar servicios en la ciudad de Caleta Olivia, estuvo en pareja con otra mujer con quien tiene dos niñas.

Investigaciones

Por otra parte se pudo saber que los efectivos de la División Delitos Complejos y Narcocriminalidad son los encargados de investigar el hecho, por determinación de la Fiscalía Nº 1 -a cargo del Dr. Martín Sedán- en donde la madre de las menores radicó la denuncia luego que sus hijas le contaran lo que habría pasado.
Fue la misma mujer quien llevó a las víctimas al nosocomio para que las revisen, y una vez confirmado el delito radicó la denuncia.
Cuando todo quedó asentado en la Fiscalía, desde la sede judicial se estableció que los uniformados investiguen si el suboficial habría cometido el mismo abuso contra sus otras dos hijas.    
Por último se pudo saber que las hijas del suboficial durante la jornada del martes declararon en la Cámara Gessel, y fue allí donde contaron todo lo que habría sucedido en relación al supuesto abuso que sufrieron por parte de su padre.   

No es el primer caso

Las fuerzas policiales vuelven a estar en el ojo de la tormenta. Este no sería el primer caso de abuso que involucra a un efectivo en un hecho de instancia privada. Cabe recordar que en la localidad de Puerto Deseado, a principios de este mes, fue denunciado un efectivo policial de 35 años que se desempeñaba en una Seccional de esa ciudad por el delito de abuso sexual. El sujeto hizo abandono de servicio llevándose el arma reglamentaria luego de que conociera la denuncia en sede judicial por el presunto abuso sexual de una nena de 12 años que sería amiga de su propia hija, según se indicó.
La denuncia fue realizada por la madre de la niña poco después que la misma pequeña mostrando un mensaje de texto enviado por el presunto abusador, le confiara entre lágrimas el terrible calvario que estaba viviendo.
Si bien se mantiene un estricto silencio sobre el hecho, familiares de la menor  se comunicaron con este diario y señalaron que los abusos contra la nena habrían sucedido al menos en tres ocasiones y siempre dentro del vehículo del supuesto autor.
La entrega del sujeto, quien había hecho abandono de servicio llevándose el arma reglamentaria, se produjo en horas de la noche del viernes de manera voluntaria, junto a su defensor, el abogado comodorense Guillermo Iglesias.
En este contexto, fuentes con acceso a la información que se comunicaron con este diario, indicaron que en la comisaría se vivió un momento cargado de tensión ya que justo se encontraba en la guardia el padre de la nena abusada, que también es policía, y por temor a represalias por parte de amigos y familiares, el individuo luego de ser indagado por el juez Oldemar Villa fue trasladado por efectivos de la Prefectura Naval a la localidad de Jaramillo, a 117 kilómetros de esa localidad.

Condenado
Por otra parte, durante el mes de marzo un efectivo que prestaba servicio en el Cuerpo de Infantería de la policía de la provincia de Santa Cruz, con asiento en Caleta Olivia, fue sentado en el banquillo donde fue juzgado por el Tribunal Oral de esa localidad, acusado de violar a una pequeña de sólo 4 años, hija de su pareja, quien también pertenece a la Fuerza.
Luego de los cinco días hábiles, los jueces se reunieron en la sala de audiencia de la Cámara Oral con asiento en esa localidad, donde dieron a conocer el fallo tanto a los familiares como al imputado. Fue el Presidente del Tribunal quien dio lectura a la sentencia y le informó al acusado que los jueces fallaron y decidieron condenarlo a la pena de 8 años de prisión en cumplimiento efectivo, como lo había solicitado el Fiscal de juicio, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “sometimiento gravemente ultrajante, agravado por la convivencia”.
La denuncia fue radicada los primeros días del mes de septiembre de 2011 en la Seccional Segunda de policía de Caleta Olivia por parte del padre de la menor; donde el uniformado fue acusado del delito de “sometimiento gravemente ultrajante, agravado por la convivencia” a decir de la carátula, es un agente de Infantería quien en su momento estaba juntado con otra agente caletense. La víctima fue la hija menor de cuatro años de esta última.
Los datos a los cuales se tuvo acceso de manera extraoficial en su momento hablaban de la brutalidad con la cual se habría manejado este agente, quien habría ingresado a la Fuerza hacía por lo menos tres años.

FUENTE: TIEMPO SUR 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

FUENTE: COLECTIVO SIN FRONTERAS

LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ADMITE PROBATION

Los casos de violencia de género deben ser dilucidados en un juicio oral, para así respetar las obligaciones internacionales respecto al tema. La Corte expresó que "asegurar el cumplimiento de esas obligaciones es una exigencia autónoma, y no alternativa “

La probation no será más una alternativa para evitar el juicio oral en lo que respecta a casos de violencia de género. La Corte lo determinó en un fallo, por el cual revocó una suspensión del juicio a prueba porque era incompatible con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención De Belém do Pará).

El fallo se denominó “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa n' 14.092”, y tuvo su inicio cuando la Cámara de Casación revocó la decisión de un Tribunal Oral de rechazar la probation del imputado, en razón de que, a criterio de la Cámara, la oposición del fiscal al otorgamiento del instituto no era vinculante a la hora de concederlo.

Esa resolución fue recurrida por el Fiscal General, por medio de recurso extraordinario, en principio porque se incumplía con el plenario “Kosuta”, que afirmaba lo contrario de lo resuelto por la Alzada, y además porque se puso en cuestionamiento el alcance de la Convención De Belém do Pará.

El Máximo Tribunal, con el voto de su presidente, Ricardo Luis Lorenzetti, su vice Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, hicieron lugar al recurso interpuesto y revocaron el pronunciamiento recurrido.

El debate del asunto se centró en el alcance del art. 7 de la Convención invocada, que en su letra afirma que “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer(…) y f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.

“En primer lugar, debe dejarse en claro que el a quo no ha puesto en crisis la calificación de los sucesos investigados como hechos de violencia contra la mujer, en los términos del articulo primero del citado instrumento”, fue lo afirmado por los magistrados al introducirse de lleno en la cuestión.

De esa forma, sostuvo el Máximo Tribunal, la Cámara de Casación “mantuvo la pretensión sobre la que el fiscal que participó en la audiencia exigida por el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación fundamentó su oposición a la concesión de la suspensión del juicio a prueba en esta causa”.

El silogismo legal que aplicó la Corte al respecto, fue que  de esa manera, como el fiscal sólo se oponía a la concesión de la probation, el punto vinculado a la subsunción del artículo en cuestión no iba a ser discutido en la instancia extraordinaria.

Según el Alto Cuerpo, para la Casación “la obligación de sancionar aquéllos ilicitos que revelen la existencia de violencia especialmente dirigida contra la mujer en razón de su condición, que en virtud de la "Convención de Belem do Pará" ha asumido el Estado Argentino (…) no impide a los jueces la posibilidad de conceder al imputado de haberlos cometido la suspensión del juicio a prueba prevista en el articulo 76 bis del Código Penal”.

Haciendo un análisis entre la norma internacional invocada y el alcance del art. 76 bis, que regula la suspensión del juicio a prueba, el Tribunal Federal entendió que la decisión de la casación “desatiende el contexto del articulo en el que ha sido incluido el compromiso del Estado de sancionar esta clase de hechos, contrariando así las pautas de interpretación del articulo 31, inciso primero, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, el cual establecía el principio de buena fe en la interpretación de tratados.

“Esto resulta así pues, conforme a la exégesis que fundamenta la resolución cuestionada, la mencionada obligación convencional queda absolutamente aislada del resto de los deberes particulares asignados a los estados parte en pos del cumplimiento de las finalidades generales propuestas en la "Convención de Belem do Pará", a saber: prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer”, sostuvo el Tribunal Supremo.

En tal sentido, la Corte se manifiesta en el sentido contrario, puesto que entendió que, de manera de interpretar los objetivos a los que se aspira en el tratado “con la necesidad de establecer un ‘procedimiento legal justo y eficaz para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno’”, la normativa imponía que “la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”.

“Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal”, señalaron los jueces en ese sentido.

Ello, porque únicamente del juicio oral se podía derivar el pronunciamiento definitivo “sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención”.

Bajo esos argumentos, los sentenciantes estimaron que la concesión de la probation al imputado en la causa “frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle”.

Además, se resaltó que el desarrollo del debate “es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el ‘acceso efectivo’ al proceso”.

Por lo tanto, los jueces concluyeron que prescindir del debate “implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la Convención de Belem do Pará para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos corno los aquí considerados”.

Si bien ya se había determinado que el recurso debía ser rechazado, la Corte se pronunció en contra del argumento vertido en el fallo de Casación, que había sido utilizado por la defensa del imputado a tal efecto, por el cual consideró que el ofrecimiento de reparación del daño que exige el instituto de la suspensión del juicio a prueba, cumplía con los recaudos exigidos por la convención.

En el fallo se rebatió ese argumento al afirmarse que “ninguna relación puede establecerse entre ese instituto de la ley penal interna y las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la norma citada en último término, referidas al establecimiento de mecanismos judiciales que aseguren el acceso efectivo, por parte de la mujer victima de alguna forma de violencia, ‘al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces’”.

Los ministros de la Corte finalizaron su exposición afirmando que “Asegurar el cumplimiento de esas obligaciones es una exigencia autónoma, y no alternativa”.

FUENTE: DIARIO JUDICIAL - Foto: Praveenbenk